La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este pasado miércoles por unanimidad el Proyecto de Ley corta que modifica la Ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales (También conocidos como APR), flexibilizando su implementación en los 2.340 comités y cooperativas de APR que existen en nuestro país y que benefician a más de 2 millones 146 mil personas. De esta forma el proyecto cumplió su última etapa en la tramitación legislativa para convertirse en ley.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, destacó: “Estamos muy contentos y valoramos la aprobación unánime y transversal en las distintas salas y comisiones del Congreso de estas modificaciones legales que presentamos y que son muy importantes, necesarias y demandadas por las comunidades de agua potable”.
En esa línea, el seremi de Obras Públicas de Ñuble, Paulo De la Fuente, explicó el proceso desarrollado para incorporar los distintos requerimientos: “Por mandato de nuestro Presidente Gabriel Boric, asumimos de inmediato esta tarea como ministerio través de la Dirección de Obras Hidráulicas, iniciando un proceso participativo con las agrupaciones de agua potable rural del país para conocer las dificultades que han tenido para acogerse a esta Ley, es por ello que presentamos estas modificaciones que surgieron de un trabajo y diagnóstico conjunto y que apuntan a mejorar los estándares de todos los Servicios Sanitarios Rurales del país”.
El proyecto aprobado en el Congreso, contempla la modificación de plazos y la flexibilización de los requisitos para la inscripción en el Registro de Operadores, aumentando en dos años el plazo de inscripción a contar del 20 de noviembre de 2022. Adicionalmente, se establece que la primera fijación tarifaria se realizará en proporción a la clasificación por segmentos, a partir del 20 de noviembre de 2024, para los segmentos mayor (601 a más arranques) y mediano (301 a 600 arranques), a partir del año 2027 para el segmento menor entre 150 y 300 arranques y a inicios del 2029 para el segmento menor con menos de 150.
“En Ñuble esta ley beneficiará a los 236 Servicios Sanitarios Rurales que hoy tenemos, vale decir, más de 200 mil ñublensinas y ñublensinos que hoy se abastecen a través de estos servicios. Esta ley agregará apoyo en materia de capacitación y acompañamiento, estableciéndose la obligación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP de capacitar y acompañar a los comités y cooperativas en el proceso de implementación de la Ley. En el mismo sentido, se contemplan capacitaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios”, resaltó el seremi De la Fuente Paredes.
Más beneficios
El director regional de Obras Hidráulicas, Gustavo Méndez, detalló otros de los puntos de beneficio de esta ley corta, precisando que “en relación a la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento, que realizan otras instituciones del Estado, se extienden el plazo para que la Subdirección de Servicios Sanitarios realice la visación de estos proyectos, a partir de noviembre del año 2023. En cuanto a las elecciones de los Consejos Consultivos, se incorpora una prórroga que aumenta el plazo para la realización de las elecciones del Consejo Consultivo Nacional, de manera que el llamado se realice a más tardar el año 2024. En el caso de los Consejos Consultivos Regionales, se deberán efectuar los llamados para las elecciones a más tardar el año 202”.
Además, precisó, “se prorroga el inicio de la actividad fiscalizadora de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a los APR, para el segmento mayor a partir del 20 de noviembre de 2024, el segmento mediano a partir del 20 de noviembre de 2025 y para el segmento menor a partir del 20 de noviembre de 2027, lo que beneficia a los SSR que hoy presentan deficiencias, y a los cuales apoyaron en este proceso para subsanar y no tener inconvenien tes cuando entre en plena vigencia la ley 20.998”.
Paralelamente con la entrada en vigencia de estas modificaciones legales, la Dirección de Obras Hidráulicas, se encuentra trabajando en la constitución y funcionamiento de una mesa nacional y mesas regionales, con la participación de dirigentes, con el objeto de revisar en conjunto, los instructivos, manuales, Reglamento y Ley, y proponer las modificaciones necesarias que permitan un buen funcionamiento del sector.